El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) trasladó del 14 al 19 de octubre de 2026 la discusión del proyecto que propone declarar infundada la impugnación contra la reforma a la Ley del Servicio Civil de Morelos, que modificó el aguinaldo de 90 días y el régimen de jubilaciones del personal estatal.
El asunto es la Acción de Inconstitucionalidad 11/2026, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), radicada en enero de 2026 ante la ministra Sara Irene Herrerías Guerra. El recurso impugna los artículos 2, 42, 57 Bis y 58 de esa ley, reformados por el Decreto 997, publicado en el Periódico Oficial del estado el 22 de diciembre de 2025, según el expediente publicado por la SCJN.
La reforma exceptúa del régimen estatal de prestaciones a los trabajadores cuyos emolumentos provienen total o parcialmente de convenios de colaboración con la Federación. Los sindicatos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Telmex y del Tribunal Superior de Justicia calcularon que el cambio alcanza a unos 50 mil trabajadores, según El Universal, y la Coalición de Sindicatos de Morelos mantiene su rechazo a la reforma.
“Estoy en pláticas con los diputados para el tema del artículo transitorio y garantizarles esta seguridad», declaró la gobernadora Margarita González Saravia en enero de 2026, según El Universal.”
El artículo 42 fija un aguinaldo anual de 90 días de salario para los trabajadores al servicio del gobierno estatal y de los municipios. Los artículos 57 Bis y 58 contemplan pensiones de 75 por ciento del salario con 25 años de servicio y de hasta 100 por ciento con 30 años. El Decreto 1124 acotó la aplicación de las nuevas reglas al personal de nuevo ingreso, para no afectar a quienes ya estaban en activo. El proyecto del Pleno, reportado por Quadratín Morelos, reconoce la validez de las porciones impugnadas y sostiene que la distinción obedece a criterios objetivos, como la fuente de financiamiento de cada plaza.
La votación quedó programada para la sesión del Pleno del 19 de octubre de 2026. Mientras no se vote, la ley reformada sigue vigente con el límite del Decreto 1124 y el proyecto todavía puede discutirse, modificarse o rechazarse. El avance del expediente se consulta en el portal de la SCJN.
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